En 1992 IU apoyó el Pacto del Agua, manteniendo críticas a su contenido, fundamentalmente el recrecimiento de Yesa. El componente medioambiental del documento, así como la apuesta por la participación democrática en la toma de decisiones, y por la previa elaboración de planes de restitución para los afectados (temas en los que no se ha avanzado nada), hicieron que Izquierda Unida se sumara al consenso unánime.

Desde 1992 hasta 2002 muchos e importantes cambios se han producido en materia de política hidráulica. En el siglo XXI, con gran apoyo del mundo científico, económico, ecologista y social, se ha generalizado el concepto de “nueva cultura del agua”, que pretende expresar el paso de las antiguas políticas de oferta (en las que primaba lo cuantitativo) a las actuales tendencias de gestión de la demanda (el agua es un bien escaso que debe abordarse desde la perspectiva del ahorro, la reutilización y el respeto al ciclo completo, natural y unitario de la misma).

Un dato relevante es la aprobación de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Los objetivos básicos de la misma son la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, y la utilización prudente y racional de los recursos naturales.

Es necesaria una mayor integración de la protección y gestión sostenible del agua en otros ámbitos políticos comunitarios, tales como las políticas en materia de energía, transporte, agricultura, pesca, política regional y turismo (considerando 16 de la Directiva).

El principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos asociados a los daños o a los efectos adversos sobre el medio acuático, deben tenerse en cuenta, en particular, en virtud del principio de “quien contamina paga”. Con este fin, será necesario un análisis económico de los servicios de agua basado en previsiones a largo plazo de la oferta y demanda de agua en la demarcación hidrográfica (considerando 38 de la Directiva).

El artículo 9 de la Directiva se encarga de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua. Los Estados miembros garantizarán, a más tardar en 2010: una contribución adecuada de los diversos usos del agua, desglosados, al menos, en industria, hogares y agricultura, a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, basada en el análisis económico efectuado con arreglo a las normas y criterios que la propia directiva establece.

El uso más intensivo en agua como es el agrícola debe estudiarse en paralelo con las previsiones reales de puesta en marcha de nuevos regadíos, es decir, con el Plan Nacional de Regadíos que es acorde con la planificación agrícola comunitaria. En ningún caso, se ha hablado hasta el momento de las míticas 200.000 hectáreas en Aragón que justificarían las actuales obras de regulación, sino en todo caso de una cifra más modesta de 48.000 nuevas hectáreas.

Junto con ello no cabe desconocer las perspectivas de que la Política Agraria Comunitaria se revise a partir de 2006, especialmente si tenemos en cuenta la inclusión de países PECOS (entre ellos, Polonia) y que esta revisión será forzosamente a la baja con relación a lo que hoy suponen estas subvenciones sobre el conjunto de la renta agraria española (50%). Por tanto, cuando hablamos de sostenibilidad a medio y largo plazo que justifique las abundantes inversiones que requieren las obras más costosas del Pacto del Agua, debemos incorporar también estos factores.

Desde el punto de vista del ahorro, parece poco presentable defender macroproyectos de regulación mientras tanto queda por hacer en términos de mejora en las conducciones y modernización de los regadíos, siempre en la perspectiva de una agricultura más productiva y que genere mayor valor añadido, que será la única que pueda sobrevivir a medio plazo en la UE.

Por otro lado, las Cortes de Aragón, en sesión plenaria celebrada el día 19 de octubre de 2000, aprobaron la Proposición no de Ley núm. 134/00, sobre la búsqueda del consenso hidráulico en la Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. En la misma se abogaba por una generosa relectura del Pacto del Agua, basada en los siguientes criterios:
a) “Priorizar las posibilidades de ahorro, reutilización y reducción del consumo. La realización de nuevas obras de regulación debe tener en cuenta criterios económicos, ambientales y sociales, así como de una forma prioritaria la seguridad de las poblaciones del entorno.
b) En relación con las obras de infraestructura hidráulica deben establecerse cauces de diálogo inmediato con los colectivos sociales afectados en el marco establecido en el Pacto del Agua, Planes de Restitución Territorial y, en su momento, a través de la futura Ley de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, en la que, dentro del Instituto Aragonés del Agua, se prevé la creación de la Comisión del Agua.
c) Intentar que la ejecución de obras hidráulicas no comporte inundación de núcleos urbanos.
d) En el marco de las competencias de ordenación del territorio, establecer medidas de restitución de las zonas de montaña que ya se vieron en su día afectadas por la inundación de sus tierras, sin que fueran entonces adecuadamente tratadas por la Administración del Estado. En el caso de las nuevas obras hidráulicas que se consideren imprescindibles, establecer medidas de restitución y potenciación de esas zonas, de forma que se garantice el asentamiento de la población local, así como que se generen expectativas complementarias de futuro. La financiación de estas medidas será acometida por la Administración General del Estado y las empresas adjudicatarias en la proporción que se determine”.

Con posterioridad a la aprobación de esta Proposición no de Ley se han producido importantes acontecimientos en la materia. Por una parte el Plan Hidrológico Nacional ya es una realidad porque la mayoría absoluta del PP lo ha convertido en Ley.

Como es sabido, el Plan Hidrológico Nacional proyectado básicamente es el plan del trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos del río Ebro a Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Almería. Frente al mismo se ha estructurado una fuerte contestación social, proveniente de todas las Comunidades Autónomas del Estado, que se ha concretado en importantes manifestaciones en Madrid, Barcelona, Bruselas, Palma de Mallorca y Zaragoza y que se va a manifestar en Valencia aumentando la intensidad de las protestas.

No cabe desconocer tampoco el importante giro que en materia hidráulica ha dado el principal partido de la oposición en España y primer partido del Gobierno de Aragón, el PSOE, que ha dado a la luz un plan alternativo alejado de las tesis fuertemente trasvasistas que inspiraban el que presentó el Ministro Borrell en 1993. Aun no descartando totalmente los trasvases intercuencas, los sitúa en una posición residual frente a las políticas de gestión de la demanda.

En este mismo sentido, las declaraciones de doña Cristina Narbona, Secretaria Federal de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con relación a los embalses previstos en el Pacto del Agua son también reveladoras. Cuando en una entrevista concedida a Heraldo de Aragón, de fecha 18 de marzo de 2001, se le pregunta por la posibilidad de aparcar Yesa, Santa Liestra o Biscarrués, contesta: “Es evidente que hay algunas obras que plantean impactos serios y que a lo mejor se tienen que reconvertir. (…) Tendría que ver otra vez cada obra y analizar en qué medida alguna de ellas tiene que ver con un trasvase, que, si no se hace, a lo mejor hay que replantearse. Sin trasvase desde el Ebro, algunas de las infraestructuras que están previstas tendría un significado muy diferente. (…) Creo que esas obras (las regulaciones en el Pirineo) tienen que ver con la posibilidad de embalsar agua en Aragón y con la posibilidad de que esos embalses de agua puedan ser útiles para un trasvase. No se puede valorar el futuro de esas obras sin tener un Plan Nacional de Regadíos, que el Gobierno se ha negado a plantear antes de entrar a hablar del Plan Hidrológico Nacional. En el caso de Aragón, me parece enorme la diferencia entre las promesas del Pacto del Agua y el Plan Nacional de Regadíos. Por tanto, habría que ver cuál es la racionalidad del conjunto de las previsiones. Hay embalses muy justificados en ese Pacto del Agua, otros conflictivos con mayor impacto ambiental. Hablar de cada uno de ellos requiere conocer el contexto en que van a tener utilidad porque hacer obras por hacer es un error enorme y muy costoso”.

Estas declaraciones se pueden enmarcar en la posición que IU viene haciendo desde hace años de relectura del Pacto del Agua y de eliminación de cualquier tipo de dogmatismo en la cuestión. Como botón de muestra, valga la apuesta decidida por un recrecimiento del embalse de Yesa muy inferior al actualmente propuesto por el Gobierno central del PP, lo que sería más compatible con el respeto al medio ambiente, a la racionalidad económica, social y territorial.

En los últimos meses ha habido diferentes procesos judiciales que han afectado gravemente a la viabilidad de las obras más emblemáticas del Pacto del Agua. Janovas ya esta descartado y Yesa, Biscarrues y Santa Liestra no tienen claro su futuro.

El Ministerio de Medio Ambiente reconoce la baja ejecución de los proyectos y se limita a renovar el compromiso del Gobierno central con su realización en el menor plazo posible, salvo el embalse de Jánovas, que ya ha sido desestimado. Ya llevamos así diez años. Incluso se incluyen las obras en los Presupuestos Generales del Estado aunque luego no se ejecutan. Las posiciones del PP, PSOE y PAR reafirman unánimemente la vigencia del Pacto del Agua tal y como fue firmado en 1992 y mientras tanto se viven graves problemas de sequía y abastecimiento y se llegan a producir enfrentamientos entre comarcas aragonesas,

En este marco, es perfectamente comprensible que desde IU se plantee como algo absolutamente imprescindible, desde la perspectiva de la recomposición del diálogo y consenso en relación con la política hidráulica, una relectura y revisión con detenimiento, atendiendo a los criterios ya expuestos de nueva cultura del agua y gestión de la demanda, de lo que en 1992 se denominó Pacto del Agua.

En el debate de la iniciativa que propuso Izquierda Unida sobre la creación de la Comisión de Actualización del Pacto del Agua, modesta en sus planteamientos, pero interesante de cara a facilitar una transición desde el Pacto del Agua de 1992, hasta su relectura tal y como proponemos, se han clarificado bastante las posiciones de los partidos políticos en Aragón respecto a esta cuestión: desde el inmovilismo del PP, hasta un forzado encastillamiento del PSOE en los planteamientos del PAR por evidentes razones de cohabitación en el Gobierno.

La posición del PSOE de Aragón, pese a las declaraciones de su dirigente nacional Cristina Narbona, en las que también daba pie a la posibilidad razonada de relectura del Pacto del Agua, se ha quedado en un “quiero, pero no puedo” ante la presión implacable que le ejerce el PAR en este asunto con el objeto de no modificar ni una coma de lo establecido en 1992. Además, resultan muy preocupantes determinados pasos atrás en esta materia dados recientemente por el PSOE como, por ejemplo, las declaraciones del Secretario General del PSOE de Zaragoza, Javier Lambán, en las que descalificaba con palabras gruesas a CCOO y a UGT al menospreciar su capacidad de opinar en el tema hidráulico. En esta misma línea, el reciente acuerdo adoptado por la Junta General de Gobierno de la Comunidad General de Regantes de Bardenas, en el que amenazan con impugnar administrativamente “todos los proyectos de infraestructuras relacionados con los deportes de invierno en la Jacetania, así como de infraestructuras de comunicaciones”, advierten de la posibilidad de abrir un conflicto social en Aragón que, hasta ahora, se había mantenido en estado de latencia.

En este mes de Octubre de 2002 los sindicatos UGT y CCOO. han propuesto un manifiesto con el que ir un paso más allá de los planteamientos que se argumentaban en 1999 cuando comenzó a caminar la Plataforma en Defensa del Ebro de Aragón y se organizo la respuesta ciudadana y social al proyecto del PHN. Esos planteamientos hablan también de “revisión del Pacto del Agua”, del comienzo de un proceso de diálogo que favorezca la posibilidad de generar las bases de un acuerdo social en materia de aguas en Aragón, lo que prácticamente coincide con los argumentos que desde IU estamos trabajando desde hace tiempo.

Ésta es la tarea y el compromiso desde IU para seguir planteando como algo absolutamente imprescindible, desde la perspectiva de la recomposición del diálogo y consenso en relación con la política hidráulica en Aragón, una relectura y revisión en profundidad, atendiendo a los criterios ya expuestos de nueva cultura del agua y gestión de la demanda, de lo que en 1992 se denominó Pacto del Agua.

Izquierda Unida de Aragón
Zaragoza, Octubre de 2002