Izquierda Unida reclama al Gobierno central y al autonómico un acuerdo que establezca el copago, la firma de un convenio bilateral que garantice los recursos para la aplicación de la Ley, y pone como fecha límite el próximo 31 de diciembre para que reciban las prestaciones todos los grandes dependientes y los dependientes severos.

El grupo parlamentario de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón exige, a través de una moción para su debate en sesión plenaria, que el Ejecutivo autonómico haga efectivos todos los derechos recogidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

El portavoz parlamentario de IU, Adolfo Barrena, recuerda que en el Pleno de las Cortes celebrado el pasado viernes, 9 de mayo, el Gobierno de Aragón reconoció que hay retrasos y que tienen dificultades para la aplicación de la citada ley. En concreto, la consejera de Asuntos Sociales, Ana Fernández, en respuesta a una interpelación de Barrena, insistió en que la Ley de la Dependencia es un sistema nuevo que “requiere un tiempo en su aplicación” y reconoció que, “a fecha 1 de mayo de 2008, tan solo se ha atendido una tercera parte de los grandes dependientes que en Aragón tienen derecho a las prestaciones que marca la Ley”.

A juicio del diputado de IU, “la DGA debe hacer un esfuerzo para aplicar esta Ley en su totalidad y garantizar así que los derechos reconocidos en la nueva norma “se empiecen a prestar, ya que nos estamos jugando la credibilidad de los poderes públicos”.

Para la formación política de izquierdas esta Ley es una deuda del Estado de Bienestar con un sector de la población y por ello ha presentado una moción relativa a la misma.

Por una parte, IU demanda en su propuesta que la DGA reclame al Gobierno central celeridad en la convocatoria del Consejo Territorial y establezcan con las Comunidades la forma de copago, ya que “está pendiente desde hace un año y, a día de hoy, todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo”, denuncia Barrena.

IU reclama con esta iniciativa la financiación necesaria, por lo que pide la firma del convenio bilateral que garantice los recursos necesarios para aplicar la Ley en toda su extensión, y solicita que se arbitren todas las medidas para evitar nuevas demoras.

En cuanto a los grandes dependientes de grado III y las personas reconocidas con dependencia severa de grado II en el nivel 2, Izquierda Unida pretende que el Gobierno asegure que recibirán las prestaciones reconocidas con la fecha límite de 31 de diciembre de 2008.

Por último, la moción registrada por IU insta a la DGA a que se comprometa y haga efectiva la coordinación entre todos los órganos autonómicos implicados en la tramitación y aplicación de la Ley de la Dependencia.