Izquierda Unida solicita información detallada sobre el proyecto de la DGA conocido como “Red de carreteras de Aragón 2008-2013″.

El portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, Adolfo Barrena, ha formulado al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Alfonso Vicente, varias preguntas relativas al Plan denominado “Red de carreteras de Aragón 2008-2013″ y, en concreto, sobre los puntos kilométricos incluidos en el proyecto, su anualidad y control por parte de la Administración, y el personal adscrito a la Dirección General de Carreteras.

El portavoz de IU recuerda que el pasado mes de enero el Gobierno aragonés presentó públicamente este Plan. “El proyecto a través del sistema de “colaboración Público- Privada” va a privatizar mediante concesión a largo plazo las dos terceras partes de la red viaria principal de nuestro territorio”, denuncia. A su juicio, esta propuesta significa “un paso más hacia la privatización y antepone los criterios económicos de rentabilidad a lo que debe ser el interés social de una red de carreteras vertebradora del territorio y, como todos los servicios públicos, debe preservarse el interés social y no el económico”.

“Vemos cómo la DGA recurre al sistema de concesión para financiar y ejecutar las obras de acondicionamiento de 1.540 de los 2.400 kilómetros de la red autonómica principal”, incide. Por ello, IU pregunta al consejero aragonés de Obras Públicas qué carreteras y puntos kilométricos son los incluidos en el proyecto y cuáles son sus características técnicas.

Además, IU demanda a Alfonso Vicente las cifras. En concreto, cuál es la cantidad prevista como anualidad para retribuir a las empresas concesionarias, ya que la adjudicataria de cada uno de los ocho sectores en los que se ha dividido la red asumirá el proyecto y el acondicionamiento de las carreteras concedidas, así como su mantenimiento por un periodo de 25 años, adelantando el dinero para proyectar y ejecutar las obras y la DGA pagará una cantidad anual durante 25 años como amortización de la financiación de la obra, por mantenimiento y otras variables como intensidad diaria de vehículos ó siniestralidad. Por ello, Izquierda Unida quiere saber qué fórmulas tiene previstas el Ejecutivo para valorar la demanda y la mejora en la siniestralidad de las que ha de depender buena parte de la anualidad y los sistemas de control que realizarán para garantizar que estas empresas cumplen las condiciones pactadas.

En este sentido, Barrena señala que “las inversiones en construcción, acondicionamiento y mejora de las carreteras autonómicas se han venido realizando mediante la licitación y adjudicación de las obras a empresas constructoras, financiándose las mismas mediante las correspondientes partidas presupuestarias plasmadas anualmente en los Presupuestos del Gobierno de Aragón”.

Por otra parte, el diputado izquierdista hace hincapié en que la conservación, vigilancia de la marcha de las obras contratadas, la vialidad invernal, emergencias, se realizaba con personal propio. “Un personal de 490 trabajadores, repartidos en 24 centros de trabajo en las tres provincias que componen el operativo propio de la Dirección General de Carreteras y, que hasta la fecha, han demostrado su profesionalidad, eficacia y eficiencia”, manifiesta. “Por este motivo -indica- queremos que el consejero nos diga si se va a mantener la plantilla completa y los 24 centros de trabajo, y cómo les va a afectar la puesta en marcha de este plan”.

A su juicio, “la utilización del sistema de colaboración Público-Privada supone un cambio sin precedentes en la gestión del servicio público de atención a la red de carreteras de competencia autonómica”. “Con dicho sistema -denuncia- se va a poner en manos de empresas constructoras privadas el 65% de nuestra red viaria, concediéndoles además de las obras de acondicionamiento, el mantenimiento ordinario y extraordinario, la vigilancia, el control de dominio público, la atención continuada de las emergencias y la vialidad invernal durante 25 años”.