Jesús Lacasa Vidal, miembro de la Comisión Mixta de Transferencias en representación de IU Aragón.

El Gobierno bipartito aragonés de PSOE y PAR no deja de proporcionarnos sorpresas al resto de actores políticos y sociales. Se avecina un nuevo proceso de traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma que alguien podría pensar en que son rango menor respecto a las grandes transferencias del pasado (sanidad, educación, Administración de Justicia).

Y no cabe duda de que, desde un punto de vista cuantitativo, los inminentes procesos de traspasos son de una entidad inferior. Ahora bien, si la perspectiva es la defensa de la integridad de los derechos de la persona o el respeto a la libertad ideológica y el principio del Estado aconfesional, la valoración puede ser bien distinta.

La Administración General del Estado propone ahora, entre otros, el traspaso a Aragón de materias tan diversas como la sanidad penitencia y el profesorado de religión. No menos diversa es la respuesta del Gobierno de Aragón.

En cuanto a la sanidad penitenciaria, PSOE y PAR indican que “no parece adecuado proceder al traspaso en este momento”. Ignoran, por completo, que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, en su disposición adicional sexta, establecía que: “Los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las Comunidades Autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. A tal efecto, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta Ley y mediante el correspondiente real decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema de traspasos establecidos por los Estatutos de Autonomía”.

El incumplimiento flagrante de la previsión legal no responde a ninguna argumentación jurídica de fondo, sino a un mero criterio de oportunidad, puesto que se trata de una competencia al parecer poco agradable de gestionar. Sin embargo, los derechos fundamentales de la persona, entre ellos el recibir una atención sanitaria en condiciones de igualdad y equidad, no prescribe por el hecho de cumplir una condena.

En paralelo, detectamos un inusitado y reciente interés para recibir el traspaso de los profesores y profesoras de religión, colectivo en su inmensa mayoría destinado a la enseñanza de la fe católica, pero también ya de las confesiones islámica y evangélica.
Se trata de incorporar a cerca de 300 docentes cuya única misión consistirá en inculcar un credo religioso, en centros sostenidos con fondos públicos y con unas condiciones de selección y despido que están en manos de las autoridades religiosas.

Nada más alejado de un Estado aconfesional que convertir a la Comunidad Autónoma en ente tramitador de las nóminas y, en su caso, de las indemnizaciones por despido cuando la autoridad religiosa decide retirar su plácet a un determinado profesor.

En el caso del PAR cabría entender una cierta coherencia ideológica con este postulado. En el caso del PSOE es, lamentablemente, un nuevo ejemplo de su tibieza con la jerarquía católica. Aparentemente esta decisión del PSOE aragonés choca abiertamente con la postura del PSOE ya que sus diputados y diputadas votaron en el Congreso a favor de una iniciativa parlamentaria que abogaba por la retirada de los símbolos religiosos de los centros educativos. Ya hemos visto que luego se ha dado un rodeo. El presidente del Gobierno ha zanjado la controversia retrasando la efectividad de lo aprobado al debate sobre la presumible propuesta que hará (no se sabe cuando) con ocasión de la prometida reforma de la Ley de Libertad Religiosa. Mientras tanto, y a pesar del voto favorable del PSOE, los crucifijos seguirán en las aulas y aquí, en Aragón, se piensa aceptar la integración de los profesores de religión, ¡qué despropósito!

Lo verdaderamente preocupante es que acaben primando intereses particulares, ligados a creencias absolutamente respetables, pero que deben permanecer en la esfera privada, frente a la satisfacción de las necesidades básicas de colectivos que ya han sido suficientemente castigados.