Izquierda Unida propondrá ante el Pleno de Las Cortes que el Gobierno de Aragón exprese al Central la oposición a que se instale un cementerio nuclear en cualquiera de los municipios españoles.

Izquierda Unida exige al Gobierno Central la elaboración de un calendario de cierre de las centrales nucleares existentes y la renuncia a autorizar nuevas centrales.

“Sin tener resuelto el calendario de cierre de las centrales nucleares el Gobierno se embarca en una solución temporal, ya que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) se proyecta para albergar durante 60 años residuos que tienen miles de años de vida y peligrosidad”, manifiesta el portavoz parlamentario de IU en Aragón, Adolfo Barrena, en relación con la decisión del Gobierno de hacer una convocatoria pública a todos los municipios para que optaran a ubicar en sus términos municipales el ATC de combustible nuclear gastado y residuos de radiactivos de alta actividad.

Ante esta situación y el gran debate político y social generado, el grupo parlamentario de IU en las Cortes de Aragón llevará al Pleno de la Cámara una Proposición no de Ley (PNL) en la que exige que las Cortes insten al Gobierno autonómico a dirigirse al Central para, además de solicitar el citado calendario y la renuncia a nuevas centrales nucleares, reclamarle inversión en I+D para establecer un modelo energético limpio y sostenible que permita cumplir el calendario de cierre sustituyendo la energía producida por éstas por energía procedente de fuentes renovables.

Y con este objetivo, IU reclama en su iniciativa que arbitre las medidas necesarias para que las empresas eléctricas asuman su responsabilidad y aporten recursos suficientes para dar solución a la problemática de los residuos nucleares. En el cuarto punto de la PNL, propone que el Gobierno de Aragón exprese al Central la oposición a que se instale un ATC en cualquiera de los municipios españoles.

Adolfo Barrena, lamenta que “el Gobierno aproveche la situación de crisis para prometer al municipio que acepte el ATC cientos de millones de euros y promesas de creación de empleo”. “Establece así, además de una competencia entre municipios a los que tiene ahogados económicamente por no resolver el problema de la financiación municipal, una grave discriminación favorable hacia las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares”, señala y añade que “es el Gobierno, es decir, las arcas públicas, quienes pagan los gastos del tratamiento de los residuos que generan las centrales nucleares. En este caso no paga quien contamina sino que pagamos todos que también pagamos el recibo de la luz y los gatos de la moratoria nuclear”.

A su juicio, “es necesario dar una solución al problema con un programa de objetivos ambiciosos que incorporen las energías renovables de manera prioritaria”. “Sólo así, y asumiendo que nuestro alto nivel de consumo energético debe cambiar, lograremos sustituir el porcentaje de energía nuclear por energía limpia libre de cualquier residuo nocivo para el ser humano y su entorno”, concluye Barrena y recuerda que “los residuos nucleares son altamente peligrosos y su descomposición se produce tras miles de años hipotecando el futuro de los municipios”.