Izquierda Unida solicita la comparecencia de Ana Isabel Lasheras al objeto de informar sobre el proyecto de Decreto que, en mayo de 2009, obtuvo informe favorable a la declaración del Paisaje Protegido.

El grupo parlamentario de Izquierda Unida solicita la comparecencia urgente en Las Cortes de Aragón de la Directora General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad de la DGA, Ana Isabel Lasheras, tras conocer, a través de una respuesta del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, que el proyecto de Decreto de declaración de Paisaje Protegido de Santa Orosia y Sobrepuerto está paralizado por las exigencias de propietarios privados.

Cabe recordar que el portavoz de IU, Adolfo Barrena, formuló una pregunta para su respuesta escrita al consejero de Medio Ambiente al objeto de conocer la situación en la que se encuentran los trámites, gestiones y plazos del citado Decreto.

El proyecto de paisaje protegido de Santa Orosia y Sobrepuerto tiene previsto un gran espacio natural de casi 23.000 hectáreas y el objetivo es promocionar el desarrollo sociológico sostenible de la zona y asegurar la conservación de los valores paisajísticos, culturales, histórico, arqueológicos y etnológicos existentes. Además, en el espacio protegido se podrá mantener el uso agrícola actual, el laboreo de antiguos cultivos y favorecerá el uso ganadero actual.

“El proceso para la elaboración del Decreto se inició en abril de 2008, se sometió a información pública, las alegaciones fueron respondidas y en mayo de 2009 se emitió informe favorable a la declaración del Paisaje Protegido”, explica Adolfo Barrena, quien denuncia que, “tras concluir el procedimiento, los propietarios privados han paralizado el proceso al exigir que sus propiedades se saquen del ámbito de Paisaje Protegido”.

Se da la circunstancia de que, actualmente, la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad está trabajando para alcanzar un consenso con los propietarios particulares para continuar con la tramitación administrativa del Decreto. “Es intolerable -asevera Barrena- que el Gobierno de Aragón permita que los propietarios privados, marquen su acción política y, por ello, denunciamos enérgicamente la influencia que “manos privadas” ejercen en los proyectos del Gobierno Iglesias-Biel”.